La lucha contra el narco se concentra en ahogar sus finanzas y propiedades

Los mayores alijos nunca vistos en España y en Galicia se decomisaron en el 2023: 9.500 kilos en el puerto de Algeciras, y 7.200 en una empresa del polígono de Cambre. El primero no implicó detenidos; el segundo, uno. Esta semana se desarticuló en O Salnés una trama especializada en el tráfico internacional de cocaína a Europa (operación Halia). Se decomisaron 50 kilos de esta droga, otros cinco tipos de estupefacientes, 3,1 millones de euros en efectivo y el embargo judicial de un patrimonio valorado en 10 millones de euros repartido en inmuebles, cuentas bancarias y empresas que lavarían las ganancias del tráfico de drogas.

El debate está candente en las bambalinas de la lucha contra el narcotráfico desde hace varios años: ¿qué hace más daño al narco?, ¿grandes y llamativos decomisos sin apenas detenidos o desmantelar estructuras criminales de los pies a la cabeza aunque las aprehensiones sean menores? La respuesta la dio el 5 de abril en La Voz la máxima responsable de la Fiscalía General del Estado en la lucha contra el narco, Rosa Ana Morán, fiscala jefa antidroga de la Audiencia Nacional: «Si aumentan las incautaciones pero no hay condenas ni recuperación de los bienes incautados, no vale para nada».

El tráfico internacional de cocaína en España y en Galicia está más activo y es más opaco y sofisticado que nunca tras 40 años de cruzada policial y judicial. La hiperactividad actual comenzó en el 2017, y el análisis de las operaciones policiales realizadas desde entonces en territorio gallego evidencia dos formas de investigar con resultados dispares. La primera implica grandes decomisos que aumentan las estadísticas de productividad de los cuerpos policiales. Pero apenas conlleva detenidos, casi siempre mano de obra de bajo perfil dentro de las organizaciones, y se consuma mediante la utilización de una técnica policial denominada entrega controlada.

El papel de los miembros de la agencia antidroga de EE.UU., la DEA, es imprescindible. Ellos, en Sudamérica, ponen cebos a las organizaciones proveedoras para enviar alijos a España. Ya aquí, se hace creer a los destinatarios que trabajan con proveedores auténticos y que todo saldrá bien. En pocas, aunque exitosas, ocasiones se ha logrado desmantelar organizaciones enteras. Ocurrió en Galicia en el 2004 con Sito Miñanco; en el 2017, con el cartel colombiano de los Boyacos, o en el 2021 con Gerardo Rial. El resto de los alijos cuantiosos que acaban confiscados acarrean detenciones de bajo perfil que sí adquieren notoriedad pública, pero el daño que hacen a las organizaciones en Europa, España o Galicia resulta insignificante.

La otra forma de investigar es más laboriosa, acarrea complejos seguimientos de calle a delincuentes profesionales con el dinero para cubrirse las espaldas con la mejor tecnología. Muchas de estas causas no superan la fase de diligencias previas, o se archivan por la imposibilidad de reunir pruebas incriminatorias. Pero si cuajan, como ocurrió esta semana en O Salnés, retiran de la circulación a los considerados mandamases del narcotráfico. En el último año se concatenaron operaciones que brillan con luz propia e implican la imputación del tridente de delitos deseado: trafico de drogas, integración en organización criminal y blanqueo de capitales. Este último conlleva aflorar empresas de blanqueo, sociedades mercantiles pantalla y testaferros. A mayores, despojan de su patrimonio a quienes ingresan en prisión para que el castigo no se limite a pasar unos años entre rejas.

Modelo obsoleto y carencias

Pero esta estrategia ya se consensuó en el histórico congreso celebrado en Bamio, Vilagarcía, en el pleistoceno de la lucha contra el narco gallego. Era 1995 y los entonces máximos responsables judiciales y policiales acordaron que el coste que supone para el Estado esta guerra es inútil si no se ataca el capital de los grande capos. Hoy, 29 años después, en Galicia no hay fiscales especializados en delitos patrimoniales contra estos delincuentes, tampoco juzgados especializados en narcotráfico, y en los partidos judiciales que incluyen a los ayuntamientos con mayor problemática solo hay juzgados mixtos y saturados, que lo mismo asumen grandes causas de crimen organizado internacional que pleitos sobre lindes de leiras.

Embargan 10 millones de euros en chalés, empresas y cuentas bancarias a los responsables de la trama de narcotráfico de Arousa

Javier Romero

Rosa Ana Morán, fiscala jefa antidroga de la Audiencia Nacional, lo reconocía en La Voz: «El modelo actual para responder al narcotráfico es obsoleto e inadecuado». A mayores, las subastas de los bienes enajenados se demoran al menos un decenio desde que son embargados. La estrategia policial se ha quedado igualmente obsoleta y escasa de medios frente la evolución de sus objetivos, con financiación ilimitada para delinquir y el uso de telecomunicaciones que los hacen invisibles. Por eso, el narco en Galicia ha dejado de tener nombres propios y públicos a ojos de la sociedad. Nada que ver con el origen de este crimen organizado.

Para las organizaciones actuales resulta inimaginable el perfil alto social que mantenían los Charlines o Miñanco. De ahí, por ejemplo, que los eternos sospechosos de mover los hilos del narco en Galicia, ya sea como importadores o narcolancheros que introducen en tierra los portes, nunca caigan. Aunque haberlos, haylos; y en el ambiente policial son de sobra conocidos.

El dueño de una constructora en Ferrol detenido ocultaba 10.000 pastillas de éxtasis

El origen del nombre elegido para bautizar la operación contra la trama financiera y de narcotráfico desmantelada esta semana en O Salnés hay que buscarlo en la mitología griega. Se nombró Halia, en honor a una de las mujeres del dios Neptuno, con la que tuvo siete hijos. La referencia mitológica supone un guiño al considerado líder de la organización, Pablo Quiroga, que regentó durante años en Vilagarcía un pub de música electrónica con el nombre del dios del mar; una casualidad, o tal vez no, dado que Quiroga está acusado de liderar una organización especializada en importar cocaína en veleros a través del Atlántico.

Quiroga entró en prisión el jueves junto a las consideradas sus dos manos derechas: Bernabé González y Víctor Dopico. A partir de ahí, el organigrama de la trama se amplía. La investigación del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) en Galicia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil otorga un papel relevante a otro detenido, también en prisión provisional; Alberto Castro, de Ferrol y empresario de la construcción. Se le ubica próximo a Dopico y en su casa de Ferrol se halló un zulo que escondía 10.000 pastillas de éxtasis, dos kilos de cocaína y 50 de hachís. También ocupaba un chalé adosado en Cornazo, Vilagarcía, registrado igualmente. Es la misma vivienda donde residía Dopico hasta que el verano pasado dos colombianos dispararon en la puerta a un arousano que llamaba al timbre del inmueble.

A Castro se le atribuye abundante dinero guardado en cuentas bancarias que están bloqueadas desde esta semana, y que forman parte del patrimonio intervenido. También las suntuosas viviendas de piedra propiedad de Quiroga, Dopico y González. A Quiroga le bloquearon igualmente sus negocios de restauración en O Salnés y cuentas, igual que a Bernabé y Dopico. A ellos, a mayores, sus viveros de marisco. El céntrico estanco propiedad de la mujer de Dopico está igualmente intervenido. Se lo compró el año pasado al anterior propietario. Saber de dónde salió el dinero para el traspaso del negocio es una más de las preguntas que la investigación de la Audiencia Nacional aclarará para demostrarlo cuando llegue el juicio.

LAS GRANDES OPERACIONES 

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